A poco de cumplirse el primer aniversario de la feroz represión en el hospital Borda, todos los funcionarios macristas fueron sobreseídos de la causa penal y hay 6 víctimas de la represión procesados por “resistencia a la autoridad”

En la madrugada del 26 un centenar de agentes de la metropolitana ocuparon los patios del hospital y reprimieron ferozmente a pacientes, trabajadores, periodistas, estudiantes, vecinos y legisladores. Las fuerzas policiales empuñaron armas para frenar a quienes estábamos defendiendo con el cuerpo lo que nos pertenece como pueblo, nuestros hospitales públicos.

Un operativo policial histórico con el objetivo de garantizar la demolición del servicio intrahospitalario n° 19 donde funcionaba un taller protegido de herrería y carpintería, en el marco del intento del macrismo de instalar en esos terrenos el megaproyecto inmobiliario del Centro Cívico.

De ese triste 26 de abril hasta hoy ningún funcionario del gobierno PRO pagó legalmente la responsabilidad por los hechos. Los principales responsables: el jefe de Gobierno Mauricio Macri; la vicejefa María Eugenia Vidal, el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chaín (quien dio la orden de demolición del taller a pesar de la cautelar que lo protegía);  el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro; la ministra de Salud, Graciela Reybaud; y el jefe de la Policía Metropolitana Horacio Giménez, fueron sobreseídos de la causa por la represión por un dictamen del juez Jorge Adolfo López en diciembre de 2013.

Muy por el contrario en marzo pasado, el juez López resolvió procesar a la enfermera neonatóloga Cristina Díaz Alem, a Daniel Catalano y Carina Maloberti, dirigentes de ATE; al médico Horacio Melnik y a la enfermera Susana Bejarano, ambos del Borda, y a la periodista Belén Revollo, acusados de “resistencia a la autoridad”.

Ante este panorama el fiscal general de la Cámara del Crimen porteña, Ricardo Sáenz, realizó un pedido a la cámara para que se continúe la investigación sobre la responsabilidad de los funcionarios del PRO y este 11 de abril habrá una audiencia donde la cámara resolverá si acata o no el pedido del fiscal.

A un año de la represión de la que resultaron heridos 69 personas (trabajadores y pacientes), 8 detenidos y efectos muy negativos en muchísimos pacientes, los responsables materiales y políticos quedaron por fuera de la causa penal y quienes ese día resistieron el avance concreto sobre el hospital público hoy están siendo procesados por la justicia.

Este 26 de abril convocamos a toda la comunidad a concurrir al Hospital Borda para decir Nunca Más en el Borda, para repudiar los métodos criminales del gobierno PRO, por la reconstrucción del taller protegido n° 19, para que esta feroz represión no quede impune.

Condenan a dos médicas a prisión en suspenso

La jueza porteña María Elena Diotti, el 30 de marzo de este año, dictó en 1º instancia sentencia a tres años de prisión en suspenso, inhabilitación por dos años y trabajo comunitario a dos médicas del Hospital Fernández, acusadas de “abandono de persona seguida de muerte” de un paciente con el cual nunca tuvieron contacto. Sin embargo, como quedó demostrado en los alegatos de la defensa y aún en el alegato de la fiscal, las dos médicas hicieron lo que desde el SAME se les indicó.

Lo sucedido fue el 5 de abril de 2011, desde la Villa 31 se solicita emergencia, por lo cual una ambulancia acude al punto de encuentro acordado, en el cual un patrullero debe hacerse presente y la familia debe acercar al paciente. Pero esto no sucede así, entonces comienzan una serie de confusiones. Sin presencia del patrullero y no pudiendo encontrar al paciente, por indicación del SAME la ambulancia va y vuelve al Fernández tres veces. Recién ante el tercer llamado de la familia, un médico del SAME logra ver al paciente ya sin signos vitales.

Muchas irregularidades son las que llevaron culpabilizar a las médicas de una situación que las excedía y en las que ellas no tenían posibilidad de decisión. En principio, es necesario destacar, que desde octubre del 2010 se espera salga finalmente a la luz el Plan de Contingencias ante agresiones, anunciando en esa fecha por la Asociación de Médicos Municipales y el Gobierno de la Ciudad, con el  compromiso de establecer pautas para actuar ante estas situaciones. Asimismo, en 2011 la AMM planteó coordinar con el Ministerio de Seguridad y el de Salud un protocolo, pero nuevamente esto quedó sin realizarse. Como se ve, urge se realicen estos protocolos para evitar que se repitan estas situaciones.

Por otro lado, el rol jugado por el asesoramiento legal de la Asociación de Médicos Municipales, llevado a cabo por el abogado Vadim Mischanchuk, fue criticado por muchos colegas de las médicas. El abogado promovió una estrategia en acuerdo con las demandadas, de acción sin discusión ni activismo gremial. Sin embargo, más que nunca, se evidencia la desprotección laboral, en la cual ante fallas sistemáticas que se vienen denunciando que impiden o complican la atención de los pacientes que lo requieren, se culpabiliza a los mismos médicos que se exponen a formas de trabajo de total vulneración. Ante esto, debió el gremio haber llevado a cabo las discusiones y las actividades gremiales que justamente el abogado impidió.

Hoy resta denunciar la injusticia que se comete con las médicas, situación muy poco difundida, y a través de la solidaridad entre los trabajadores revertir la desprotección legal y gremial, mediante actividades de asesoramiento e impulso de las medidas necesarias para mejorar las condiciones de trabajo.

Médicas, residentes, enfermeras y técnicas del Hospital Gutiérrez se organizan en defensa de la Salud Pública de calidad

El Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez sufre el desmantelamiento de los programas del SAME, el intento de instalar una “Casa Ronald Mc Donals”, la reducción de salarios de médicos, el atraso de meses en el pago a los residentes, el no reconocimiento del título universitario a las Lic. en Enfermería; y, por sobre todas las cosas, la caída en la prestación de calidad a los pacientes del hospital, una lista de espera para cirugía que no para de crecer y escasez de sangre debido a que jubilaron a las técnicas que recibían a los donantes los días sábados en el hospital, universidades y lugares de trabajo.

Frente a esta situación los trabajadores de todos los sectores del hospital han realizado asambleas multitudinarias en conjunto, más allá de diferencias partidarias, gremiales o de otra índole pero con un firme acuerdo en la defensa de la Salud Pública (experiencia única en la Ciudad de Buenos Aires). Dichas asambleas se realizaron los días 11 y 19 de marzo y fueron acompañadas de paro activo (con presencia en el hospital y mantenimiento de guardias y servicios esenciales) y movilización los días 26 de marzo y 8 de abril. Una cuestión innovadora del último paro con asamblea fue que se propuso mantener una coordinación con los vecinos de los barrios de Recoleta y Palermo para defender entre todos la salud, y para eso se juntarían firmas y se sostendría una carpa por la salud.

El objetivo es que se terminen con las irregularidades encontradas y que han sido reconocidas por jueces de la Ciudad en varias sentencias. Como la causa por el nombramiento de personal mínimo para la operatividad según normativa vigente de terapia intensiva, la ilegalidad de la quita de salarios de los médicos por razones arbitrarias, el desmantelamiento del SAME que incluye el despido como castigo de varias trabajadoras del Gutiérrez.

Como respuesta a este aumento de la conciencia y organización de las trabajadoras de la salud de dicho nosocomio, el Ministerio de Salud respondió con despidos, amenazas y prohibiciones a firmar el “presente” a varios trabajadores durante la última auditoría.

Causa en la justicia por la terapia intensiva: juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 5 de la Ciudad, a cargo de Fabiana Schafrik

Causa en la justicia por el desmantelamiento del SAME: Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2 de la Ciudad. A cargo de la Jueza Subrogante Patricia G. López Vergara.