3er JORNADA POR LA SALUD PÚBLICA
Hoy domingo 23 se llevará a cabo la 3er Jornada por la Salud Pública en la Sala Augusto Cortázar de la Biblioteca Nacional a las 16hs. De la Asamblea participarán vecinos, médicos y enfermeros de los distintos hospitales de la Ciudad. La Jornada se desarrollará en el marco de la Campaña por una salud pública gratuita y de calidad.
Llegó el Boletín Nº2 en Defensa de la Salud Pública
Incendio y desidia en el Hospital Rivadavia
El día 29 de agosto a las 10 am se incendió
el depósito del área de ginecología. Los bomberos atribuyeron la causa del
incendio a un cortocircuito del sistema eléctrico. Es importante destacar que
el área de ginecología fue donde se electrocutó una médica residente el 1° de julio debido a la pobreza de la instalación eléctrica y de los equipos que
manipulan.
Ninguno de estos “accidentes” debieron
haber sucedido puesto que desde el año 2010 está vigente la Ley 3.697 de
“Recuperación Integral del Hospital Rivadavia”. En dicha Ley se establece en el
artículo 3, inciso “k” que es necesario en el “Pabellón Maternidad sector “B” (donde se encuentra
el área de Ginecología) completar la renovación integral de la
infraestructura del mismo abarcando los servicios de agua,
sanitarios, energía eléctrica como así también la reparación de los
locales existentes”.
Lo único que intentó hacer el director del
Rivadavia, por orden directa del Ministro Salud, Jorge Lemus, frente al incendio
fue evitar que los medios filmen el estado deplorable de la instalación
eléctrica y el lugar del incendio. En las semanas anteriores se negó a recibir
a los médicos residentes y al comunero Luciano Umérez para discutir sobre los
problemas en las instalaciones del hospital.
Por lo tanto, lo que sucede en el Hospital
Rivadavia no son accidentes sino una serie de actos de negligencia y corrupción
por parte de las autoridades competentes.
El Hospital Ricardo Gutiérrez se encuentra semi
privatizado.
El freno a la obra de la fundación Mc
Donald´s en el Hospital de Niños fue una victoria al avance de la privatización
del Hospital. Esta victoria es histórica ya que es la primera vez que se frena
completamente (por ahora) un proyecto privatizador del Gutiérrez.
Hoy día el Hospital Ricardo Gutiérrez lleva
privatizados diferentes servicios. El de lavandería lleva más de 10 años
privatizado y para lograrlo debieron cerrar la lavandería propia que tenía el
hospital. El resonador magnético que funciona dentro del establecimiento es de
la empresa ARGUS, la cual también es dueña de los resonadores del Fernández y
del Durán, y el Estado debe pagarle por cada paciente al que le realice un
estudio. El mantenimiento edilicio, jardinería y limpieza está a cargo de la
empresa Mejores Hospitales la cuál ha sido denunciada por los trabajadores por
no enviar suficientes insumos críticos como lavandina (la limpieza es uno de
los principales factores de las enfermedades intra-hospitalarias). El comedor
también se encuentra privatizado y el servicio es cada vez menos satisfactorio.
Hasta el pago de haberes al personal del Hospital se encuentra privatizado y
depende de la empresa Meta4.
Y la lista continúa. Por eso el freno al
proyecto de que Mc Donadl´s se quede por 20 años con parte del predio del
Hospital, impulsado por la directora Cristina Galoppo (militante del PRO) toma
una trascendencia mayor para la lucha en defensa de la Salud Pública en toda la
Ciudad de Buenos Aires. Y es por ello también, que las elecciones de los
profesionales del Ricardo Gutiérrez son tan importantes para toda la comunidad,
ya que fue la conducción actual es la que se enfrenta diariamente al avance
privatizador.
EL CEMIC OCUPA ILEGALMENTE PARTE DEL HOSPITAL RIVADAVIA
El CEMIC ocupa desde hace más de 20 años parte del Hospital Rivadavia a pesar de que un Decreto de 2008 establece su desalojo.
El CEMIC (Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno”) desde su fundación en 1958 comenzó a ocupar parte del espacio físico del Hospital Rivadavia, específicamente la sala XX. Pero, es en 1979, bajo la última dictadura militar que pasa a ser pleno uso del edificio que hasta el día de hoy ocupa en Av. Las Heras y Sanchez de Bustamante.
A principios de 1992, se transfirieron los hospitales de la órbita de la Nación a la entonces Municipalidad de Buenos Aires. Durante el gobierno de Ibarra, con el fin de regularizar la situación del CEMIC, se firmó un Acta Acuerdo entre el Estado (la entonces Dirección General de Concesiones y Privatizaciones) y la institución privada que fue aprobada por el Decreto Nº63 en enero de 2001. Por medio de éste, se legitimó la ocupación que el CEMIC llevaba más de 10 años realizando del predio ubicado en la Avenida Las Heras 2900. La concesión se estableció por 3 años y se pactó como canon mensual $ 24.000 y 144 cuotas mensuales de $ 8.271,34 a fin de sanear la deuda que la institución privada tenía con el Gobierno porteño por los años que había utilizado gratuitamente el espacio público. Dicha deuda permanece vigente ya que el CEMIC no ha cumplido con su compromiso de pago.
Finalizado el plazo de los 3 años, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podía otorgar por medio de Licitación Pública un nuevo permiso de ocupación, en el cual el CEMIC contaría con un privilegio sobre los demás eventuales oferentes. El vencimiento del plazo fijado en el Acta Acuerdo operó el 28 de diciembre de 2003, desde entonces el CEMIC ocupa ilegalmente el predio.
El Poder Ejecutivo de la Ciudad dictó el 29 de diciembre de 2008 el Decreto Nº 1.542, el cual ordenaba el desalojo del CEMIC. La decisión no se debió a la voluntad de querer hacer cumplir la ley, sino a los planes que el Gobierno de Mauricio Macri tenía para el Hospital Rivadavia: demolerlo. Entre los considerandos de ese Decreto figura: "debido a reformas que se llevarían a cabo en el Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia” y a los efectos de mejorar la atención de los pacientes que asisten al mismo, no resultaba conveniente continuar con la concesión del predio que el CEMIC ocupa." La prueba de la real intención está en que frenada la demolición por los reclamos y las acciones de los vecinos y trabajadores de la salud y sancionada la Ley Nº 3697 que establece el Plan de Recuperación Histórica Integral del Hospital, el CEMIC continúa usurpando el predio.
Esta irregularidad fue denunciada por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires en su informe final presentado en julio de este año.
Desde la última dictadura militar al día de hoy el CEMIC ha pagado sólo dos meses de alquiler.
Se incendió el pabellón de ginecología del Hospital Rivadavia
Un incendio afectó esta mañana un depósito del pabellón de Ginecología del Hospital Rivadavia, en el barrio porteño de Recoleta, destruyendo insumos médicos, pero sin provocar víctimas, informó ese centro asistencial.
"El incendio se inició pasadas las 10.00 en el primer piso del pabellón de Ginecología, en un depósito donde se guardan gasas y otros insumos médicos”, dijo un vocero del hospital.
La fuente destacó, además, que “no hubo heridos, pero ahora los peritos de Bomberos evalúan si los internados en las salas cercanas deben ser trasladados a otro pabellón”.
Aunque las llamas “fueron extinguidas por médicos y auxiliares del sector” con matafuegos de la institución, hasta el hospital, que se encuentra ubicado en la avenida General Las Heras 2670, llegaron dos dotaciones de bomberos de la Policía Federal.
El vocero consultado afirmó que “los peritos evalúan si los internados en salas número 12 y 13 de Ginecología y Cirugía General deben ser trasladados a otros pabellones del mismo hospital”, pero negó que se haya pensado evacuar personas hacia otros centros asistenciales.
Fuente: http://www.diariopopular.com.ar
Negocios sucios con las sábanas de los hospitales Públicos.
Los hospitales pasaron de pagar 10 mil pesos mensuales a 240 mil con la gestión Macri. La empresa que limpia la ropa de la Metropolitana se quedó con un contrato de 31 millones de pesos mediante fraude en el proceso de licitación.
El 28 agosto de 2009, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante la licitación pública N° 1643 y el decreto Nº 937, adjudicó el “Servicio de Provisión de Ropa de Cama, y Retiro, Lavado, Secado y Planchado de Ropa de Cama y Ropa Hospitalaria, con su correspondiente distribución en Establecimientos Hospitalarios dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” a las firmas: Lavadero El Lucero S.R.L., Lavadero ANCA S.A. y Tex Care Argentina S.A. El monto total de la licitación fue de más de 31 millones de pesos y abarcó a 16 de los 33 hospitales porteños.
Las compras hospitalarias hasta la gestión PRO, se realizaban desde cada hospital y la limpieza de la ropa de cama costaba muchísimo menos que ahora. Según el diario Clarín, en el Hospital Udaondo, el costo de la limpieza de blanquería era de 10.166 pesos y en la nueva contratación pasó a ser de 243.600 pesos.
Las empresas Setex S.A., Apparel Argentina S.A. y El Ingale S.R.L. también se presentaron para la licitación, pero fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos solicitados en los pliegos de contratación. Estas empresas denunciaron haber sido perjudicadas intencionalmente con el objetivo de dejarlos fuera de competencia. Por ejemplo, se les exigió a los oferentes un monto de facturación inalcanzable para la mayoría de los proveedores y un espacio para el lavado de mínimo 1.200 m². De esta manera, se benefició a las grandes empresas en detrimento de las pequeñas y medianas.
Pero lo controversial de esta adjudicación no termina ahí. Las tres empresas resultaron ser un mismo grupo económico. Se comprobó que el Lavadero ANCA era de Héctor Andrelo, un empresario casado con Magdalena Gaccetta, quien era vice-presidenta de Tex Care y que renunció justo antes de la licitación. Además, en el directorio de ANCA estaba Estela Maris Andrelo, esposa de Luis Alberto Nerguizian, quien era presidente de Tex Care. Y Haydeé Mouriño, la madre de los Andrelo, fue denunciada por los otros oferentes como propietaria del 50 por ciento de ambas compañías, haciendo imposible que se presentaran como dos empresas distintas. El Lucero, por su parte, hizo una oferta al precio exacto de sus supuestos competidores pero por los únicos tres hospitales que no le interesaban a las otras dos firmas. Demasiada casualidad para la Fiscalía quien realizó una investigación al respecto.
El Lucero, estuvo envuelto en otro escándalo cuando fue clausurado por el mismo Gobierno que le otorgó una concesión por 10 millones de pesos. “Evada las normas y será premiado”, parece ser la moraleja. La Fundación La Alameda denunció a este lavadero por no contar con las condiciones de higiene y seguridad necesarias para la salud de los trabajadores y vecinos. La clausura tras el escándalo mediático fue rápidamente levantada.
En cuanto a los reclamos de los otros oferentes fueron, finalmente, desestimados por el gobierno de la Ciudad mediante el decreto N° 567, “refrendado por los señores Ministros de Salud, de Hacienda y por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros” y el cual notificó a dichas empresas que “se encuentra agotada la instancia administrativa, no siendo el presente acto administrativo susceptible de recurso alguno”. Es decir, que no podían hacer más que aceptar la decisión gubernamental.
El plazo de la licitación fue por un período de 2 años, venciendo 31 de octubre de 2011. Antes de que se cumpliera ese plazo, la contratación fue prorrogada por otro año más. Los nuevos contratos sumaron más de 15 millones de pesos. Pero además, el Gobierno de la Ciudad acordó un contrato con el Lavadero ANCA por $ 280.000 para “el servicio de provisión, lavado, secado, planchado y entrega de ropa blanca, por el mes de agosto de 2011, para el Instituto Superior de Seguridad Pública” es decir, para la metropolitana.
A pesar del contrato millonario, enfermeras del Hospital Rivadavia denunciaron que no llegan las sábanas al área de maternidad, y que las nuevas sábanas que reciben por donaciones “se pierden” y se reemplazan por “sábanas viejas de hoteles”.
