En 25 días debería reabrirse el servicio de neurocirugía del Hospital Santa Lucía.

El 2 de septiembre, en la sección “Protesta ya” de CQC, el notero "Gonzalito" visitó el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, cuyo servicio de neurocirugía lleva más de un año sin funcionar. Familiares de pacientes y profesionales del hospital denunciaron la situación en la que se encuentran desde julio de 2012. Desde hace un año, hay pacientes esperando para operarse de la vista. “Hay gente que viene llorando, esperando que vos les digas una fecha en la cual se va a poder operar y vos no le podés decir”, contaba una médica del servicio al cronista de CQC.

“En este lugar podemos atender en conjunto neurooftalmología, oftalmología y neurocirugía, el paciente no tiene que ir de un lado para otro. La consulta se hace en el mismo momento”, Dra. Silvia Berner, Jefa del Servicio de Neurocirugía. “Todos los días nos llegan pacientes y nosotros no tenemos qué respuestas darles, no tenemos a dónde mandarlos”. Y las derivaciones no son sencillas debido a que el servicio de neurocirugía es tan específico que no está cubierto dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno de la Ciudad niega que se haya cerrado el servicio y alega que se trató de un “traslado” de los profesionales al Hospital Durand. Lo cierto, es que desde hace un año el servicio no funciona porque faltan terapistas. La jueza Elena Liberatori ordenó la reapertura del servicio después de comprobar y registrar mediante una foto que se encontraba cerrado con un candado. Finalmente, en marzo se realizó el concurso para que ingresaran terapistas al servicio y lo ganaron seis profesionales. Sin embargo, “falta la decisión de que en el Ministerio de Salud nombren a la gente que ganó los concursos”, reconoció el sub director del Hospital Santa Lucía, Dr. Carlos Guisasola.

En 25 días, prometió el Dr. Carlos Russo, subsecretario de Atención Integrada de Salud de la ciudad, que se reabrirá el servicio.

Cabe destacar, que la titular de la cartera de Salud, Graciela Reybaud, es médica oftalmológica y fue directora del Hospital Santa Lucía durante más de 10 años.

Se realizó la tercera Jornada en Defensa de la Salud Pública

Durante la mañana del 10 de septiembre, trabajadores y profesionales de distintos hospitales realizaron concentraciones en dos puntos de la Ciudad para denunciar el vaciamiento del hospital público. Los hospitales Fernández, Rivadavia, Gutiérrez y el centro de salud mental Ameghino, se movilizaron hasta Coronel Díaz y Av. Sante Fe. Y concentraron en Entre Ríos y Caseros: los hospitales Moyano, Borda, Tobar García, Muñiz, Penna, Sardá, Udaondo, y los Talleres Protegidos.

Ana Martínez, médica del Hospital Fernández y miembro del Frente de Recuperación Gremial, definió así, en el programa radial Industria Argentina, los reclamos que impulsaron la medida: “los más importantes son: las condiciones de los hospitales en cuanto a insumos, material instrumental, falta de personal, nuestro reclamo es poder brindar una buena atención a los pacientes que concurren”. La Dra. Martínez, para dar un ejemplo del abandono, mencionó el caso del Hospital Álvarez, que no se ha recuperado tras el incendio que se produjo allí en enero del año pasado.

“Hay profesionales, médicos y no médicos, que han concursado y no han podido hacerse cargo por desfinanciamiento; son personas que prácticamente han quedado sin trabajo”, sostuvo la médica del Fernández. A esto, se le suma, la reducción salarial de entre un 10 y un 20%, a 16 mil de los 21 mil profesionales de la Ciudad. El gobierno porteño aduce un error en la aplicación de la paritaria de 2011 y pretende que los trabajadores devuelvan los montos “mal pagados”.  Se trataría de “un error que no fue visualizado ni por nuestros gremialistas, ni por el Gobierno de la Ciudad, ni por la empresa tercerizada que liquida los haberes, un hecho insólito”, agregó.

Frente a la complicidad de la burocracia de la Asociación de Médicos Municipales y la Federación de Profesionales, la Dra. Martínez aseguró, “estamos unidos profesionales médicos, no médicos, enfermeros, personal de escalafón y el grupo va creciendo”.

Historia de los hospitales públicos: 1955 - 1970

En 1957, durante la dictadura de Aramburu, se descentralizaron los servicios, en forma errática con transferencia de recursos asistenciales. Un año después los establecimientos debieron ser nuevamente centralizados; reintegrándoselos a la esfera nacional debido a la baja capacidad financiera y técnica de las provincias. Otros hitos de este proceso fueron: la baja atención preventiva, la mala coordinación entre organismos encargados de la medicina social, sanitaria y asistencial, la obsolescencia de edificios y equipos, la débil normatización de la arquitectura hospitalaria y el déficit de la infraestructura asistencial en zonas rurales.

En este período sólo en la gestión del doctor Illia hubo una mejora en la organización dentro del ministerio y para con las provincias. Durante el gobierno de Illia, se creó la Ley de medicamentos 16.462, llamada Ley Oñativia en homenaje a su Ministro de Salud. Dicha ley establecía una política de precios y de control de medicamentos, congelando los precios a los vigentes a fines de 1963, fijando límites para los gastos de publicidad, imponiendo límites a la posibilidad de realizar pagos al exterior en concepto de regalías y de compra de insumos. La reglamentación de la Ley mediante el Decreto 3042/65 fijaba además la obligación para las empresas de presentar mediante declaración jurada un análisis de costos y a formalizar todos los contratos de regalías existentes. Esta ley surgió a partir de un estudio realizado por una comisión creada por el Presidente Illia sobre 300.000 muestras de medicamentos. Muchos de estos medicamentos no eran fabricados con la fórmula declarada por el laboratorio y su precio excedía en un 1000% al costo de producción.

Partidarios, opositores y observadores imparciales coincidieron en que esta política de control hirió los intereses de las multinacionales lo cual fue decisivo en el proceso político que culminara con el derrocamiento del presidente a manos de un golpe militar.

Otro hecho importante respecto de los hospitales se da en el período de Onganía cuando  desaparecen la DAOM (Dirección Autárquica de Obras Municipales) y el Laboratorio de Ensayo de Materiales, encargado de controlar que las licitaciones de compra cumplan con las normas de control de calidad. Dos hitos fundamentales en el control anticorrupción.   

El martes 10 de septiembre, desde las 10.30hs, trabajadores de los distintos hospitales porteños realizarán una nueva jornada de paro y movilización contra la rebaja salarial y el vaciamiento de los hospitales públicos y los centros de salud.

La falta de nombramientos, la suspensión de designaciones, la reducción de suplencias, por parte del Gobierno de la Ciudad, apuntan al vaciamiento de la salud pública al reducir la cantidad de trabajadores y profesionales en las distintas áreas hospitalarias. La falta de personal origina una disminución en la calidad de la atención al paciente y la sobrecarga de trabajo, como ocurre con enfermería, por la obligación a realizar más tareas de las correspondientes y a cumplir horas extras. 

El recorte en salud se verifica, además, en la falta de aparatología suficiente y actualizada, en edificios que resultan inseguros por la falta de mantenimiento, en la escasez de insumos, en la precarización laboral de residentes y concurrentes, entre otros.

Esta nueva “Marcha Blanca” denuncia no sólo al Gobierno de Mauricio Macri, sino también a las burocracias de la Asociación de Médicos Municipales (AMM) y de la Federación de Profesionales. La AMM firmó actas paritarias a espaldas de sus afiliados, donde reconoció el “error contable” que, según el Gobierno de la Ciudad, fue el motivo del descuento que vienen sufriendo 16 mil profesionales de la salud desde junio de este año. No sólo esto, sino que aceptó la pretensión del gobierno de cobrarse los meses “mal pagados”, que en total son 9. Este acuerdo con el gobierno porteño fue ratificado el jueves pasado cuando AMM aprobó la Memoria y el Balance correspondiente al período abril 2012 - abril 2013 que contiene la negociación que originó la rebaja salarial.