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Medicamentos Made in Argentina


Por Milagros Pérez Blanco . 18 de junio, 2014. 
En los últimos años, se ha vuelto a hablar de industria nacional y de políticas de Estado. Del “achicar el Estado para agrandar la Nación” se dio paso a una mayor presencia del Estado en el manejo de la económica, como promotor y ejecutor de políticas sociales y, también, en materia de reparación simbólica. Para poder hablar de producción pública de medicamentos fue necesario comenzar a desandar un camino, comprender que el Estado ha sabido ser un eficiente empresario, pese a las campañas mediáticas que nos aseguraron, y aseguran, lo contrario.
Es preciso aclarar ¿qué es la producción pública de medicamentos? Y porqué amerita esta compresión más integral de la cuestión. La producción pública de medicamentos es el Estado garantizando la universalidad y accesibilidad de los medicamentos al conjunto de la problación. Si partimos de considerar a la salud como un derecho humano básico, el medicamento ya no puede ser mercancía, no puede estar sometido a las leyes del mercado, sino que debe necesariamente ser un bien social. Esto implica que su precio no puede determinarse mediante el libre juego de la oferta y la demanda, porque las personas están sujetas de manera forzosa a adquirirlos. Los medicamentos resultan productos imprescindibles para la vida de millones de personas.
En la Argentina, existe una ley nacional, la 26.688, que fue sancionada en junio de 2011, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos, reconociendo a éstos como bienes sociales. Sin embargo, esta ley todavía no ha sido reglamentada lo cual implica que, por ejemplo, no se pueda disponer de las partidas presupuestarias (es decir, del dinero para su implementación) que establece la ley en su artículo 12. ¿Por qué no se ha reglamentado aún? Podemos especular que la industria farmacéutica está ejerciendo presión, una vez, contra esta ley claramente contraria a sus intereses.

Recordemos un poco

Bajo el primer gobierno peronista, el Dr. Ramón Carrillo, creó Especialidades Medicinales del Estado (EMESTA), empresa de producción pública de medicamentos dedicada a abastecer a los hospitales públicos. Los productos EMESTA eran entre un 50% a 75% más baratos que los de producción privada. EMESTA fue cerrada por la dictadura militar que derrocó a Perón en 1955.
En 1964, el Dr. Arturo Oñativia, ministro de salud de Illia, sanciona dos leyes conocidas como “la Ley Oñativia”, por la cual se establecía una política de precios y control de los medicamentos, fijando límites para los gastos en publicidad de las empresas. La ley declaraba “de utilidad pública y sujetos a expropiación” las drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, y medicamentos. Otra vez aparecerá la mano dictatorial: una de las primeras medidas de Onganía fue derogarla.
En 2007, la legislatura porteña había aprobado la creación del laboratorio estatal de producción de medicamentos. Pero en este caso no hizo falta la intervención de ningún golpe de estado. Macri vetó la ley a pesar de que en el artículo 21 inciso 10 de la constitución de la CABA, se destaca la necesidad de desarrollar “una política de medicamentos que garantiza eficacia, seguridad y acceso a toda la población” y promover “el suministro gratuito de medicamentos básicos”.[1]

Industria Nacional

Según un informe de 2013 del programa Remediar[2], del total de principios activos que se necesitan para la elaboración de los medicamentos, el 90% es importado. “El tema de los medicamentos debe inscribirse en una política de Estado porque es un tema central para recuperar soberanía en salud”, afirma el Dr. Rachid, quien fue director de Laboratorios Puntanosde San Luis y actualmente trabaja en el Ministerio de Defensa al frente del laboratorio conjunto de las fuerzas armadas.
Es preciso considerar cuando hablamos de industria nacional qué sucedería en caso de un conflicto bélico. Aquí se plantea el tema de la dependencia y los medicamentos no escapan a esto. No podemos depender de países centrales, que en caso de quererlo, pueden suspendernos el envío de materias primas. Lo paradójico es que hace 40 años las fabricábamos en el país. Debemos recuperar eso que supimos conseguir. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos declaró que “nuestro país está en condiciones de cubrir sustancialmente la producción requerida por el mercado nacional en este rubro, con los consiguientes ahorro de divisas en su balanza comercial y generación de puestos de trabajo en la áreas públicas que se encuentran habilitadas ya para tal fabricación”[3].
“El gasto del medicamento en el gasto total de salud es el más alto del mundo, en nuestro país”, asegura el Dr. Rachid y agrega que son más caros en nuestro país que en Inglaterra y en España. Incluso son más caros que en Chile, pese a que los producimos acá y los exportamos a Chile. Hoy se habla mucho sobre el tema de los precios y la inflación pero, paradójicamente, poco se discute sobre la formación de precios y la estructura de costos de los productos. ¿Cómo se fijan los precios? ¿de acuerdo a la estructura de costos o de acuerdo a lo que las personas pueden pagar por esos productos? Este es un tema que los medios masivos de comunicación ni siquiera mencionan. La industria farmacéutica es la única donde “la cadena de valor arranca del 900%”, afirma el Dr. Rachid. Y sostiene que “la producción pública de medicamentos no sólo debe ser la que produzca para el sector hospitalario, garantizando la accesibilidad a los medicamentos, sino que debe ser una empresa testigo de precios para que el país fije una política de precios sobre la industria”.
El Dr. Rachid ha participado en la presentación a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) de un proyecto para que la UNASUR, como región, produzca dentro de 5 años medicamentos para 450 millones de latinoamericanos. La propuesta fue aprobada en 2012, en Lima, en el marco de la VII Reunión Ordinaria del Consejo de Defensa Suramericano, en la cual participaron los ministros de Defensa de los países miembros., con el lema: “El medicamento, eje de construcción de Soberanía”.
En 2007, se fundó la RELAP (Red de Laboratorios Públicos) donde se nuclearon todos los laboratorios públicos existentes para delinear una política de producción pública de medicamentos a nivel nacional. Algunos de los objetivos eran: realizar compras conjuntas de materia prima para abaratar los precios, capacitar personal entre los laboratorios en el know how, delinear una lógica de producción conjunta y abastece al primer nivel de atención sobretodo en el caso de patologías crónicas que impactan en el segundo nivel de atención.
La producción pública de medicamentos no es una ocurrencia disparatada, ni de ocasión. Desde la década del 40 viene desarrollándose y aún no ha logrado ser implementada en un 100% por la oposición de las corporaciones farmacéuticas e intereses sectoriales, pero tenemos una ley nacional que declara al medicamento como bien social. Es necesario difundir y comprender qué es la producción pública de medicamentos, cuál es su importancia social y estratégica y por qué es una cuestión, también, de soberanía nacional.

[1]  Disponible en: http://infoleg.mecon.gov.ar/?page_id=166
[2]  Remediar es un programa del Ministerio de Salud de la Nación, que abastece de medicamentos esenciales gratuitos a los pacientes de Centros Públicos de Atención Primaria de todo el país.
[3] En: http://www.apdh-argentina.org.ar/Sobre_la_Reglamentaci%C3%B3n_del_la_ley_26688 [Consulta: 15 de junio de 2014]
* Publicado en Revista  Xideas 

BOLETÍN DE SALUD Nº 17 - MAYO de 2014


Primera emisión de La Posta Sanitaria
El pasado sábado 17 de mayo se llevó a cabo la emisión del primer programa de “la Posta Sanitaria” un espacio radial que podes escuchar por La Colectiva (FM 102.5) o por internet en www.lacolectiva.org.ar dedicado a informar, promover, defender y reflexionar sobre la salud pública.

La primera cita tuvo lugar a las 11 de la mañana en el hospital de niños Ricardo Gutierrez, puesto que “La Posta Sanitaria”, además de transmitirse en vivo, tiene un formato de radio abierta itinerante que permite al programa acompañar y transmitir desde los lugares significativos y relativos a la salud pública de la ciudad de Buenos Aires.

En esta primera emisión participaron Silvia de Francesco, medica del Hospital de Niños y presidenta de la asociación de Profesionales junto a Laura Schargrodsky, delegada de la Asociación filial del Hospital Gutiérrez, quienes comentaron la lucha que llevan a cabo dentro y fuera del Hospital de Niños y además informaron la situación que atraviesa el SAME luego de los despidos y recortes ocurridos tras la resolución 1657 dictaminada el año pasado por el gobierno de Mauricio Macri. Finalmente fue entrevistada Sara del Valle, coordinadora del “pan del Borda”, quien recordó la represión acontecida el 26 de abril del año pasado en el taller protegido 19 del Hospital Borda, a manos de la policía Metropolitana y detalló las consecuencias y la situación actual del hospital y los trabajadores luego de la represión . De esta manera se cerró el primer programa de “La Posta Sanitaria” un espacio que promete no ser sólo un lugar más, sino otro bastión para quienes luchan a diario por una Salud Pública de calidad y al alcance de todos.

Sumario ilegal y quita de salario para trabajadores de la salud del Moyano y Gutiérrez
El día 22 de mayo concurrió un nutrido grupo de trabajadores de la salud, diputados de la ciudad, comuneros, representantes de entidades gremiales y asociaciones de profesionales a acompañar a Laura Schargrodsky, actual presidenta a cargo de la Filial de AMM del hospital Gutiérrez, a la Dirección General de Sumarios de la CABA.
Esto fue en relación a un sumario realizado a la doctora por organizar una asamblea de trabajadores del SAME. En dicha asamblea se discutió sobre los derechos de los pacientes afectados por la Resolución 1657, y sobre la continuidad laboral de los trabajadores del SAME.
Es importante destacar que dicho sumario es ilegal porque los trabajadores tienen derecho a realizar asambleas bajo la protección de la Constitución Nacional. Además, al ser presidenta a cargo de la Filial de AMM del hospital Gutiérrez tiene fuero gremial contra persecuciones políticas como ésta.
Dicha persecución se da en el marco de una reciente quita ilegal en los salarios de más de la mitad de los trabajadores del Moyano. Esto se dio como represalia luego de que se organicen en asambleas para defender su hospital frente al despido inminente de cientos de trabajadores y los consecuentes cierres de servicios de salud a las pacientes de dicho nosocomio.
Persecución y recorte de salarios a los trabajadores del hospital Moyano
El 15 de mayo agentes del Ministerio de Modernización y del Ministerio de Salud del GCBA ingresaron al Hospital Moyano con una notificación de “descuento salarial” para 550 trabajadores del nosocomio. Con esto, se pretende sancionar por ausentismo al 63 por ciento del personal, lo que resulta incoherente ya que implicaría que durante esos días de ausentismo generalizado el hospital no podría haber funcionado.

Esta notificación se funda en una serie de auditorías punitivas e irregulares que el Ministerio de Modernización viene realizando en el hospital desde enero de 2014 luego de que el ex-director del hospital Alberto Monchaboln Espinoza se negase a aplicar la resolución 1657 dictada por el ministerio de salud con el argumento de que su aplicación dejaría a la mayoría de los servicios sin profesionales. En los primeros meses del año ya a 69 trabajadores se les bloqueó el sueldo con los mismos argumentos de supuesto ausentismo con lo cual es sencillo conjeturar que esta notificación tiene que ver con un plan sistemático de achique del personal y de cohersión a la organización interna del Moyano.

Los trabajadores afectados decidieron no reconocer esta notificación porque “carece de sustento legal” ya que “no se respalda con documentación que acredite que los dichos vertidos en la misma sean fehacientes y el papel no tiene membrete ni logo que identifique a una institución”.

La Asamblea de Profesionales del Hospital Moyano vienen desarrollando diversas medidas de lucha para contraponerse a este ataque por parte del gobierno de Macri, realizando radios abiertas, conferencias de prensas, acudiendo a la comisión de salud de la legislatura y la defensoría del pueblo.

El rol fundamental de este hospital en materia de salud mental pública nos obliga a acompañar el proceso de resistencia que vienen gestando los trabajadores del Moyano en defensa de lo público contra el achique y vaciamiento de nuestros hospitales.

Haciéndole rayos x a la gestión PRO

Si uno observa la página del gobierno de la Ciudad, específicamente la sección noticias sobre salud1, se observan claramente estos párrafos: “se inauguró la nueva sala de guardia del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano…”. Uno continúa con la lectura y: “…La guardia, de 1150 m2, cuenta con una recepción, una sala de espera, nueve consultorios externos, una sala de radiología…”. Estas “nuevas” implementaciones llegaron a partir de un reclamo de 2012, realizado por médicos del Hospital de Belgrano, que junto al Dr. Jorge Selser presentaron un pedido a la legislatura sobre la situación del Hospital. Entre otras cuestiones de importancia, citaban: “6. Estado actual del colimador del equipo de Rayos X del quirófano de Cirugía General. 9. Si el Servicio de Medicina Nuclear ha sido provisto y en qué fecha, de elementos de protección contra las radiaciones ionizantes para el personal, guantes, chalecos, anteojos y cuellos plomados.”
En estos momentos, hay una nueva Sala de Rayos X en el Hospital Pirovano, a la cual no le funciona la procesadora (máquina, cuya función es revelar las placas). Los elementos de protección radiológica nunca llegaron. Debido a la falla en el servicio de Rayos X del Pirovano, el Hospital Tornú se ve sobrecargado… y faltan placas para la terapia intensiva.


1http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/un-repaso-de-obras-en-las-guardias-hospitalarias-portenas

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